jueves, 15 de marzo de 2012
Pre Lanzamiento Consejo Patriótico Regional Medellin - Antioquia
El Consejo Patriótico Regional de Antioquia los invita a participar de la discusión, análisis y construcción de las propuestas de Carácter, Estructura y Plataforma política, de la Marcha Patriótica.
Lugar: Universidad San Buenaventura, Auditorio principal.
-8:00 a.m. a 8:20 a.m.: Acreditación.
¡Esta en Marcha la Independencia!
lunes, 5 de diciembre de 2011
Manifiesto Encuentro Nacional de Artistas Populares “Carlos Lugo”
Arte y Cultura Popular Para la Transformación Social
Palmira, Valle del Cauca, 27 de Noviembre de 2011
Hemos decidido dar la vida por el arte y ahora daremos el arte por la vida, porque estamos convencidos de que somos artistas no sólo para entretener sino para transformar, para cambiar el destino de hambre y muerte que los poderosos quieren imponer. Es contra gobiernos como el colombiano que resistimos, y es por el pueblo que alzamos nuestra voz y salimos a la calle.
Nos negamos a aceptar el apetito voraz del capitalismo; no lo queremos, no lo aceptamos: rechazamos su doctrina de injusticias, de montajes judiciales, de masacres, de paramilitarismo, y el sometimiento de naciones que legislan para él. Queremos gobiernos para el pueblo, queremos que sea el pueblo quien gobierne. Sí, no tememos decirlo: somos artistas populares que no estamos de acuerdo con quienes nos gobiernan, con quienes legislan en Colombia, porque sus gases lacrimógenos huelen a Imperio y asfixian la vida.
Nuestra obra, hoy más que nunca, marcha con el pueblo. Somos artistas populares, así nos declaramos sabiendo que en “lo popular” está nuestra memoria, nuestra lucha, y los saberes y experiencias que definen la vida, la reinventan y confrontan la barbarie gubernamental.
Los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, reunidos en el encuentro nacional de artistas populares “Arte y cultura para la transformación social, Carlos Lugo” manifestamos que, desde el día de hoy, 27 de noviembre de 2011, nos declaramos en Cabildo Nacional de Cultura, el cual le apuesta a la cultura popular como base para alcanzar la transformación social que nos permita llegar a una sociedad más justa y equitativa. La expresión regional y local de este Cabildo serán las Redes de Artistas Populares, quienes impulsaran la construcción de una Red Nacional de Artistas que propugne por la dignificación del artista, la valoración y aplicación de la cultura popular, como bases para la revolución de mentalidades de nuestro pueblo y la defensa inquebrantable de la soberanía cultural. Entre sus tareas está la conformación de la Escuela de formación cultural organizada y liderada desde la coordinación de la Red Nacional de Artistas Populares, encaminada a fortalecer y cualificar el trabajo artístico popular en las regiones colombianas.
Abogamos, decisivamente, por el apoyo, desde nuestra condición de artistas, sujetos socio- culturales, a la lucha social y a la búsqueda de una salida política al actual conflicto social y armado, así como a la búsqueda de la construcción de una paz equitativa. Para ello proponemos la construcción del Movimiento Nacional de Artistas Populares por la paz con justicia social, donde llamaremos a intelectuales, científicos y profesionales de todas las áreas que sientan y sueñen con la transformación de nuestro país en un territorio de dignidad donde el conocimiento y el acceso a la cultura sean una realidad para las mayorías.
Reconocemos a los prisioneros políticos como víctimas del conflicto social y armado y por lo tanto nos solidarizamos con todos y todas las personas en prisión que por pensar de forma distinta y proponer un nuevo país son objetivo jurídico de un Estado que utiliza el terrorismo como su arma decisiva. Nos comprometemos en el apoyo y seguimiento a los procesos carcelarios pero, sobre todo, a la exigencia de la liberación inmediata de los artistas sometidos por el régimen a la privación de su libertad y es por esta razón que este Encuentro ha sido denominado “Carlos Lugo”: Compañeros, ¡En nuestra memoria y acción siempre están presentes!
Portamos, valoramos y defendemos los saberes de nuestro pueblo, por esto declaramos nuestra voluntad indeclinable de luchar con los instrumentos y saberes con los que contamos para lograr la transformación social que urgente requiere nuestro pueblo colombiano, entregando nuestros trabajos estéticos a la lucha social, convirtiéndolos en la voz y la expresión de nuestro pueblo. Avanzaremos junto a todos los sectores sociales para alcanzar la definitiva independencia.
Declaramos nuestra condición anti globalizadora, afirmando nuestra plena identificación con los principios de la construcción de una democracia popular. Nos declaramos en contra de la discriminación y de cualquier tipo de dominación, haciendo de la lucha contra la injusticia nuestra bandera de vida.
La cultura popular es nuestra propuesta y desde ella valoramos nuestra diversidad cultural. Nuestras creaciones, saberes, historias serán proyectadas y defendidas ante todo intento de minimizarlas o acallarlas.
Como artistas populares propugnamos por la honestidad moral e intelectual, impulsamos la solidaridad, el compañerismo y la sinceridad, como trincheras contra el individualismo y la hegemonía de la “industria cultural”, pues consideramos que los saberes y la dignidad de los pueblos, no son mercancía ni sus creadores trabajadores al servicio del mercado.
Demandamos los derechos de nuestras comunidades originarias y expresamos nuestro más grande respeto por la tierra de quién nos consideramos hijos y no holgazanes, haciendo del cuidado de la vida nuestro principio más preciado.
Por ello, nos comprometemos a cumplir y defender, hasta las últimas consecuencias, estos principios que sustentan e impulsan el Cabildo Nacional de Cultura y la Red Nacional de Artistas Populares en perspectiva a un gran Movimiento Cultural que siente las bases de una Colombia en Paz.
¡VIVA LA MARCHA PATRIOTIOCA!
¡VIVA LA CULTURA POPULAR PARA LA DEFINITIVA INDEPENDENCIA!
¡CONSTRUYENDO EL PARO CIVICO NACIONAL!
domingo, 11 de septiembre de 2011
Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías.
Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre en Cali, Universidad del Valle y el 4 de octubre movilización a Cajamarca para rechazar la minería a cielo abierto de la AngloGold Ashanti.
Esta iniciativa surge en un ambiente unitario alrededor de diversos procesos de integración social y popular, como: el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, la Marcha Patriótica, el Congreso de Los Pueblos, la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, la Mesa de Seguimiento al Debate de la ley de Víctimas y de Tierras, la Mesa de Unidad Agraria, la Red frente a la gran minería transnacional (Reclame), la Campaña de dignificación campesina, la Campaña contra el Despojo, el Movimiento por la defensa del agua, la Red de afectados por represas, el Techo Común de las Plataformas de DDHH y Paz, la Red de iniciativas contra los TLC, la Red contra el hambre y la pobreza,…
EL OBJETIVO: Es Realizar un Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías en el que comunidades de víctimas, campesinos, afrodescendientes, indígenas y urbanas analizan, deliberan y definen un marco de acción común para la exigibilidad de los derechos a la tierra y el territorio de cara a las iniciativas legislativas, normas y politicas vigentes en esta materia en Colombia. Este escenario debe ser amplio y unitario, que permita la deliberación y construcción de mandatos desde las comunidades frente a la tierra, el territorio y las soberanías de los pueblos. Esta deliberación deberá construir y decidir propuestas alternativas, un mandato de permanencia en nuestras tierras y territorios, y una legislación propia sobre nuestros bienes comunes en armonía con la naturaleza, la vida y la soberanía popular.Esta iniciativa surge en un ambiente unitario alrededor de diversos procesos de integración social y popular, como: el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, la Marcha Patriótica, el Congreso de Los Pueblos, la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, la Mesa de Seguimiento al Debate de la ley de Víctimas y de Tierras, la Mesa de Unidad Agraria, la Red frente a la gran minería transnacional (Reclame), la Campaña de dignificación campesina, la Campaña contra el Despojo, el Movimiento por la defensa del agua, la Red de afectados por represas, el Techo Común de las Plataformas de DDHH y Paz, la Red de iniciativas contra los TLC, la Red contra el hambre y la pobreza,…
EL OBJETIVO: Es Realizar un Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías en el que comunidades de víctimas, campesinos, afrodescendientes, indígenas y urbanas analizan, deliberan y definen un marco de acción común para la exigibilidad de los derechos a la tierra y el territorio de cara a las iniciativas legislativas, normas y politicas vigentes en esta materia en Colombia. Este escenario debe ser amplio y unitario, que permita la deliberación y construcción de mandatos desde las comunidades frente a la tierra, el territorio y las soberanías de los pueblos. Esta deliberación deberá construir y decidir propuestas alternativas, un mandato de permanencia en nuestras tierras y territorios, y una legislación propia sobre nuestros bienes comunes en armonía con la naturaleza, la vida y la soberanía popular.
Desde mediados del año anterior, en la continuidad de las movilizaciones por los derechos de las víctimas y la restitución de las tierras, fuimos sumando preocupaciones en torno a una problemática aún mayor como lo es el despojo que en general hemos soportado en nuestros territorios desde hace tiempos. Vimos entonces que esa situación tiende a profundizarse con todas las estrategias que el actual gobierno impulsa a través del Plan Nacional de Desarrollo y que ha denominado locomotoras.
EL OBJETIVO: Es Realizar un Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías en el que comunidades de víctimas, campesinos, afrodescendientes, indígenas y urbanas analizan, deliberan y definen un marco de acción común para la exigibilidad de los derechos a la tierra y el territorio de cara a las iniciativas legislativas, normas y politicas vigentes en esta materia en Colombia. Este escenario debe ser amplio y unitario, que permita la deliberación y construcción de mandatos desde las comunidades frente a la tierra, el territorio y las soberanías de los pueblos. Esta deliberación deberá construir y decidir propuestas alternativas, un mandato de permanencia en nuestras tierras y territorios, y una legislación propia sobre nuestros bienes comunes en armonía con la naturaleza, la vida y la soberanía popular.
Desde mediados del año anterior, en la continuidad de las movilizaciones por los derechos de las víctimas y la restitución de las tierras, fuimos sumando preocupaciones en torno a una problemática aún mayor como lo es el despojo que en general hemos soportado en nuestros territorios desde hace tiempos. Vimos entonces que esa situación tiende a profundizarse con todas las estrategias que el actual gobierno impulsa a través del Plan Nacional de Desarrollo y que ha denominado locomotoras.
Así hemos coincidido en señalar que hoy enfrentamos en nuestros territorios, entre otras, las siguientes amenazas:
1. Una política de restitución de tierras que es insignificante frente a las dimensiones del despojo, que no permite hacerlas producir con nuestras propias visiones y nuestras propias manos y que no garantiza un retorno digno a ellas.
2. Una política integral de desarrollo rural que busca profundizar el mercado de tierras al servicio de la agroindustria y el sistema financiero, incluyéndolas además como un nuevo renglón de la inversión extranjera directa.
3. Nuevas intervenciones con megaproyectos mineros, energéticos y de infraestructura, que modifican el uso y la tenencia de la tierra, limitan el acceso a los beneficios ambientales y afectan nuestra soberanía y seguridad alimentaria.
4. La conversión de alimentos a combustibles de los cultivos de caña, palma aceitera y otros, que ha provocado la expansión de las agroempresas cuyos capitales empiezan a colocarse en los negocios del rentable mercado energético.
5. La ofensiva privatizadora sobre las fuentes hídricas que estas intervenciones generan, particularmente los agrocombustibles, las grandes represas multipropósito en marcha y los planes departamentales de aguas.6. Los Tratados de Libre Comercio donde el tema de la agricultura ocupa un lugar preponderante, y cuyos términos lesionan aún más la producción alimentaria nacional, debilitando nuestra capacidad de autoabastecimiento.
7. Los planes de ordenamiento territorial en el campo y en la ciudad, que colocan los espacios de vida de nuestras comunidades en función de la globalización neoliberal.
8. Los Planes de Consolidación que hacen parte de la estrategia gubernamental de control social del territorio bajo la llamada Doctrina de Acción Integral, que militariza todos los aspectos de la vida de nuestras comunidades.
9. La denominada Ley de sostenibilidad fiscal, donde el gasto del Estado se orienta en función de la deuda financiera y no de la deuda social, lo que quiere decir: colocar los intereses de la banca internacional por encima de los derechos fundamentales de los colombianos.
Todo este conjunto de políticas perpetúan el despojo rural y urbano, atentan contra nuestra soberanía alimentaria y energética, colocan en riesgo la existencia de comunidades indígenas, afros, campesinas, de pescadores y urbanas, impulsan la persecución a la minería local y en general a toda la economía informal, restringen la participación en las decisiones sobre el territorio y le dan continuidad al conflicto armado, que afecta directamente a las poblaciones regionales.
Pero también nos sentimos motivadas y motivados a articularnos en un Congreso de Tierras Territorios y Soberanías, reconociendo y valorando las múltiples iniciativas populares que hemos echado a andar hace rato desde la visión que tenemos sobre esos problemas:
*Los movimientos por la defensa y permanencia en nuestros territorios
*El movimiento de las víctimas por la Verdad, la Justicia y la Reparación integral.
*El proyecto de Ley por iniciativa popular de Reforma Agraria Integral
*La renovación del Mandato Agrario
*La ampliación y consolidación de las Zonas de Reservas Campesinas
*Los espacios permanentes de asambleas territoriales urbanas por el derecho a la ciudad
*La recuperación y reconstrucción de las territorialidades ancestrales y la titulación colectiva de los mismos.
*Los proyectos de desarrollo comunitario que construimos en nuestros territorios, como los Planes de Equilibrio, los Planes de Etnodesarrollo, los Planes de Vida, los Planes de Permanencia…
*La campaña por la reivindicación de la cultura campesina, sus territorios y el impulso a la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos.
*Los proyectos de desarrollo comunitario que construimos en nuestros territorios, como los Planes de Equilibrio, los Planes de Etnodesarrollo, los Planes de Vida, los Planes de Permanencia…
*La campaña por la reivindicación de la cultura campesina, sus territorios y el impulso a la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos.
*La recuperación de la Soberanía Alimentaria, a través de la producción agroecológica, los mercados campesinos, los bancos de semillas, la instauración de territorios libres de transgénicos, la pesca artesanal, el intercambio solidario, los festivales de saberes y sabores,…
*El referendo por el derecho al agua y los planes de gestión comunitaria de las fuentes hídricas.
*El reconocimiento y difusión de los Derechos de la Madre Tierra, planteados en la Cumbre Social de Cochabamba, Bolivia.
*El reconocimiento y difusión de los Derechos de la Madre Tierra, planteados en la Cumbre Social de Cochabamba, Bolivia.
*El impulso a alternativas ecológicas y ambientales frente a las políticas de reservas forestales.
Las tierras, los territorios y las culturas, el agua y la biodiversidad, la soberanía y la paz, los derechos y la vida digna, son puntos importantes hoy en las construcciones sociales. También el problema del conflicto social y armado y la necesidad de buscar su solución por la vía política, es parte de las apuestas de los procesos de movilización y organización, de agendas conjuntas y de confluencia.
Las tierras, los territorios y las culturas, el agua y la biodiversidad, la soberanía y la paz, los derechos y la vida digna, son puntos importantes hoy en las construcciones sociales. También el problema del conflicto social y armado y la necesidad de buscar su solución por la vía política, es parte de las apuestas de los procesos de movilización y organización, de agendas conjuntas y de confluencia.
Por todo lo anterior, decidimos asumirnos en proceso de construcción del Congreso Nacional de tierras, territorios y soberanías, con la participación del conjunto del movimiento social y popular, del campo y de la ciudad.
Promoviendo diversas formas de encuentro por regiones, sectores y temas, desde donde aportemos a estructurar el Congreso en sus enfoques, en sus mandatos y en sus formas de movilización.
Creando dinámicas de integración en las que se tejan y fortalezcan todas nuestras iniciativas que nos permitan realizar conjuntamente los mandatos para la defensa de los territorios, las tierras y la realización de los proyectos de vida que construimos en la perspectiva de nuestra propuesta de país.
Creando dinámicas de integración en las que se tejan y fortalezcan todas nuestras iniciativas que nos permitan realizar conjuntamente los mandatos para la defensa de los territorios, las tierras y la realización de los proyectos de vida que construimos en la perspectiva de nuestra propuesta de país.
ENTONCES A…
Disponerse para comprometerse en la realización del CNTTyS y con los resultados en términos de mandatos, propuestas, líneas de acción y actividades que se generen. ¡RECUERDE!...el CNTTyS no es un evento, es un proceso de UNIDAD
Colombia: Manifiesto por la Tierra y la Paz – el dialogo es la Ruta.
 Los miles de asistentes al Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de 2011 declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional: 1. Hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito. Los propósitos que nos trazamos de analizar la situación del país se han cumplido con creces. Hemos considerando de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política. 2. Estos resultados, son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana, que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios de comunicación. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz. 3. Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado. 4. Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales , favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país. 5. Expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano. 6. Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo. 7. La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población. 8. Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad. 9. Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz. 10. Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces. 11 Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política. 12. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años. 13. Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales. 14 Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional. 15 Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social. 16. Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro. ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS, AFRODECENDIENTES POR TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA. EL DIALOGO ES LA RUTA BARRANCABERMEJA 14 DE AGOSTO DE 2011. |
lunes, 13 de junio de 2011
UNIÓN PATRIÓTICA: Historia de una Esperanza
Colombia siempre ha sido escenario de numerosos conflictos internos, motivados por intereses económicos y políticos de potencias extranjeras y élites nacionales que, por medio de la guerra, han pretendido avasallar al pueblo para cumplir sus objetivos; desconociendo el gran poder que el pueblo alcanza cuando se organiza para enfrentar a los tiranos y doblegar sus macabras intenciones.
Ejemplo de esto es la admirable campaña militar de nuestro libertador Simón Bolívar, que con ímpetu y fuerza tanto política como militar, forzó el 28 de noviembre de 1820 al ejército invasor, comandado por Pablo Morillo, a firmar la paz, y declarar su posterior derrota, logrando la libertad del pueblo colombiano y expulsando a los españoles definitivamente.
Muchos años después, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en pleno conflicto entre liberales y conservadores, los campesinos alzados en armas por el derecho a sus tierras recibieron, del Gobierno, una propuesta armisticio, que prometía perdón y olvido, entrega de tierras al campesino y “paz, justicia y libertad” para el pueblo colombiano. Acto que posteriormente resultó en el asesinato, por parte del Estado, de aquellos insurrectos que entregaron las armas, situación que obliga a reflexionar sobre la voluntad del Estado colombiano para cumplir sus compromisos.
31 años después, el 27 de mayo de 1984, en el campamento de Casa Verde, ubicada en el municipio de La Uribe, departamento de Meta, se adelantaron una serie de diálogos entre el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982- 1986). Producto de los diálogos se firmó una tregua con el objetivo de trazar un camino que diera pasos sustanciales hacia la construcción de una Colombia con paz y justicia social, en el que participaran activamente todos los sectores integrantes del pueblo colombiano.
El acuerdo de la Uribe consignó la creación de una Comisión Nacional de Verificación que constatara que sí se cumplieran los puntos contemplados en el acuerdo, que apuntaban a la desmilitarización de la vida nacional, dando paso al desarrollo de la organización popular en sus distintas manifestaciones, y que permitían abrir el espacio político a las masas y arrebatárselo a los monopolios oficialistas.
Días después de la puesta en marcha de este acuerdo, se denunció y mostró ante el parlamento el accionar de una campaña fascista, impulsada por militares y algunos sectores enemigos de la paz, con el fin de sabotear el acuerdo y seguir dando curso al conflicto armado interno.
Conociendo estos hechos y teniendo clara la falta de voluntad del estado colombiano para alcanzar la paz, las FARC-EP continuaron con la intención de construir caminos de paz, organizándose política y socialmente en conjunto y de cerca a las masas, para así desarrollar y materializar propuestas que le dieran solución a la crisis que en ese momento afrontaba el país.
A los altos niveles de militarización y a la represión de cualquier postura disidente, a las estigmatizaciones, amenazas, asesinatos, exilios, y desapariciones; se sumaba la deplorable y precaria inversión social, el desempleo, la pobreza; factores que favorecieron la consolidación de una propuesta política alternativa donde se cristalizaran las esperanzas del pueblo colombiano, un escenario que permitiera participar de la lucha política en condiciones de igualdad: la Unión Patriótica.
A su alrededor se unieron quienes se declaraban en contra del despotismo y la corrupción propios de los partidos tradicionales reinantes hasta el momento, que se repartían el poder cada cuatro años como una dictadura única de las clases dominantes, y que formaban y alienaban las mentes del pueblo, bajo lógicas colonialistas, que aceptaran la explotación y el robo del país por parte de Estados Unidos, que no se sublevaran sino que admitieran todos los dictámenes del gobierno.
La Unión Patriótica no fue ajena a estos métodos de guerra sucia, puesto que también padeció los señalamientos de “proselitismo armado” por parte de algunos sectores oficialistas, poniéndola de inmediato en la mira de los agentes del estado y sus estructuras paramilitares.
A pesar de las adversidades presentadas desde el principio, la UP continuó creciendo políticamente, más y más personas estuvieron dispuestas a apostarle a una nueva propuesta de país. En su seno albergaron a militantes del Partido Comunista Colombiano, del Nuevo Liberalismo, de las Centrales Sindicales, de los destacamentos de la Autodefensa Obrera (ADO), entre otros numerosos sectores progresistas y revolucionarios que comenzaron a integrar la Unión Patriótica como movimiento político capaz de dar el giro que este país necesitaba.
Para asombro del oficialismo y desmintiendo sus absurdos señalamientos de que la Unión Patriótica carecía de apoyo popular y que únicamente se limitaba a ser un grupo dedicado a hacer “proselitismo armado”, la Unión Patriótica llegó a contar con más de 2.500 juntas patrióticas a lo largo y ancho del territorio nacional, demostrando una vez más la clara voluntad del pueblo en apostarle a un movimiento amplio, patriótico y popular, limpio de vicios politiqueros, que realmente fuera capaz de luchar y alcanzar una Colombia en paz con justicia social. Igualmente este notable avance político dejaba al descubierto el rechazo popular frente a las clases “políticas” tradicionales, que seguían con su proyecto de guerra sucia, negándose a admitir sus derrotas y evitando perder el poder y, con él, todos sus beneficios.
Es así como en las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP reafirma su gran apoyo popular, obteniendo una gran votación en regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín, entre otros, durante las cuales posicionó a 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.
Fue a partir de ese momento que el Estado incumplió, de manera abierta y deliberada, los compromisos pactados anteriormente con la insurgencia en la Uribe Meta, compromisos que significaban una esperanza de paz y cambio para las amplias mayoría del país. Si bien anterios de las elecciones se presentaron persecuciones, estigmatizaciones y asesinatos contra los miembros de la Unión Patriótica, luego de anunciados los resultados se agravó la situación, generando un recrudecimiento del conflicto político armado y social, dejando como saldo hasta el día de hoy cerca de unos 8 mil militantes muertos y otros miles de desaparecidos, acabando de la manera más brutal con toda una generación de revolucionarios.
La persecución política se expandió a lo largo y ancho de todo el país, asesinando o desterrando a sus militantes hasta la desaparición física del movimiento en el año 2001, cuando pierde su personería jurídica por falta de militantes adscritos, terminando así con lo que fue una esperanza de paz y cambio para el pueblo colombiano, demostrando igualmente la poca voluntad de paz y la naturaleza guerrerista del Estado.
Es así como más de 25 años después, del lanzamiento político de la Unión Patriótica es necesario hacer memoria, jamás olvidar a todos aquellos que cayeron víctimas del odio de los enemigos de la paz, por querer construir una Colombia más digna con justicia social y paz. Debemos recordarlos asumiendo nuestro papel en la lucha, evitando que su trabajo y su sacrificio sea en vano y combatir activamente como parte de este pueblo que aun exige dignidad.
- Unión Patriótica y El Poder Popular, Nicolás Buenaventura
- Unión Patriótica, Tregua y Paz. Juvenal Herrera
De que vale la vida si cuando la tenemos parece muerta.
¡ La vida es para sentirla, para vibrar,
para luchar, para combatir!
eso justifica nuestro paso por la tierra
Jaime Pardo Leal. Primer candidato presidencial por la Unión Patriótica
asesinado el 12 de octubre de 1987.
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