Colombia siempre ha sido escenario de numerosos conflictos internos, motivados por intereses económicos y políticos de potencias extranjeras y élites nacionales que, por medio de la guerra, han pretendido avasallar al pueblo para cumplir sus objetivos; desconociendo el gran poder que el pueblo alcanza cuando se organiza para enfrentar a los tiranos y doblegar sus macabras intenciones.
Ejemplo de esto es la admirable campaña militar de nuestro libertador Simón Bolívar, que con ímpetu y fuerza tanto política como militar, forzó el 28 de noviembre de 1820 al ejército invasor, comandado por Pablo Morillo, a firmar la paz, y declarar su posterior derrota, logrando la libertad del pueblo colombiano y expulsando a los españoles definitivamente.
Muchos años después, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en pleno conflicto entre liberales y conservadores, los campesinos alzados en armas por el derecho a sus tierras recibieron, del Gobierno, una propuesta armisticio, que prometía perdón y olvido, entrega de tierras al campesino y “paz, justicia y libertad” para el pueblo colombiano. Acto que posteriormente resultó en el asesinato, por parte del Estado, de aquellos insurrectos que entregaron las armas, situación que obliga a reflexionar sobre la voluntad del Estado colombiano para cumplir sus compromisos.
31 años después, el 27 de mayo de 1984, en el campamento de Casa Verde, ubicada en el municipio de La Uribe, departamento de Meta, se adelantaron una serie de diálogos entre el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982- 1986). Producto de los diálogos se firmó una tregua con el objetivo de trazar un camino que diera pasos sustanciales hacia la construcción de una Colombia con paz y justicia social, en el que participaran activamente todos los sectores integrantes del pueblo colombiano.
El acuerdo de la Uribe consignó la creación de una Comisión Nacional de Verificación que constatara que sí se cumplieran los puntos contemplados en el acuerdo, que apuntaban a la desmilitarización de la vida nacional, dando paso al desarrollo de la organización popular en sus distintas manifestaciones, y que permitían abrir el espacio político a las masas y arrebatárselo a los monopolios oficialistas.
Días después de la puesta en marcha de este acuerdo, se denunció y mostró ante el parlamento el accionar de una campaña fascista, impulsada por militares y algunos sectores enemigos de la paz, con el fin de sabotear el acuerdo y seguir dando curso al conflicto armado interno.
Conociendo estos hechos y teniendo clara la falta de voluntad del estado colombiano para alcanzar la paz, las FARC-EP continuaron con la intención de construir caminos de paz, organizándose política y socialmente en conjunto y de cerca a las masas, para así desarrollar y materializar propuestas que le dieran solución a la crisis que en ese momento afrontaba el país.
A los altos niveles de militarización y a la represión de cualquier postura disidente, a las estigmatizaciones, amenazas, asesinatos, exilios, y desapariciones; se sumaba la deplorable y precaria inversión social, el desempleo, la pobreza; factores que favorecieron la consolidación de una propuesta política alternativa donde se cristalizaran las esperanzas del pueblo colombiano, un escenario que permitiera participar de la lucha política en condiciones de igualdad: la Unión Patriótica.
A su alrededor se unieron quienes se declaraban en contra del despotismo y la corrupción propios de los partidos tradicionales reinantes hasta el momento, que se repartían el poder cada cuatro años como una dictadura única de las clases dominantes, y que formaban y alienaban las mentes del pueblo, bajo lógicas colonialistas, que aceptaran la explotación y el robo del país por parte de Estados Unidos, que no se sublevaran sino que admitieran todos los dictámenes del gobierno.
La Unión Patriótica no fue ajena a estos métodos de guerra sucia, puesto que también padeció los señalamientos de “proselitismo armado” por parte de algunos sectores oficialistas, poniéndola de inmediato en la mira de los agentes del estado y sus estructuras paramilitares.
A pesar de las adversidades presentadas desde el principio, la UP continuó creciendo políticamente, más y más personas estuvieron dispuestas a apostarle a una nueva propuesta de país. En su seno albergaron a militantes del Partido Comunista Colombiano, del Nuevo Liberalismo, de las Centrales Sindicales, de los destacamentos de la Autodefensa Obrera (ADO), entre otros numerosos sectores progresistas y revolucionarios que comenzaron a integrar la Unión Patriótica como movimiento político capaz de dar el giro que este país necesitaba.
Para asombro del oficialismo y desmintiendo sus absurdos señalamientos de que la Unión Patriótica carecía de apoyo popular y que únicamente se limitaba a ser un grupo dedicado a hacer “proselitismo armado”, la Unión Patriótica llegó a contar con más de 2.500 juntas patrióticas a lo largo y ancho del territorio nacional, demostrando una vez más la clara voluntad del pueblo en apostarle a un movimiento amplio, patriótico y popular, limpio de vicios politiqueros, que realmente fuera capaz de luchar y alcanzar una Colombia en paz con justicia social. Igualmente este notable avance político dejaba al descubierto el rechazo popular frente a las clases “políticas” tradicionales, que seguían con su proyecto de guerra sucia, negándose a admitir sus derrotas y evitando perder el poder y, con él, todos sus beneficios.
Es así como en las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP reafirma su gran apoyo popular, obteniendo una gran votación en regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín, entre otros, durante las cuales posicionó a 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.
Fue a partir de ese momento que el Estado incumplió, de manera abierta y deliberada, los compromisos pactados anteriormente con la insurgencia en la Uribe Meta, compromisos que significaban una esperanza de paz y cambio para las amplias mayoría del país. Si bien anterios de las elecciones se presentaron persecuciones, estigmatizaciones y asesinatos contra los miembros de la Unión Patriótica, luego de anunciados los resultados se agravó la situación, generando un recrudecimiento del conflicto político armado y social, dejando como saldo hasta el día de hoy cerca de unos 8 mil militantes muertos y otros miles de desaparecidos, acabando de la manera más brutal con toda una generación de revolucionarios.
La persecución política se expandió a lo largo y ancho de todo el país, asesinando o desterrando a sus militantes hasta la desaparición física del movimiento en el año 2001, cuando pierde su personería jurídica por falta de militantes adscritos, terminando así con lo que fue una esperanza de paz y cambio para el pueblo colombiano, demostrando igualmente la poca voluntad de paz y la naturaleza guerrerista del Estado.
Es así como más de 25 años después, del lanzamiento político de la Unión Patriótica es necesario hacer memoria, jamás olvidar a todos aquellos que cayeron víctimas del odio de los enemigos de la paz, por querer construir una Colombia más digna con justicia social y paz. Debemos recordarlos asumiendo nuestro papel en la lucha, evitando que su trabajo y su sacrificio sea en vano y combatir activamente como parte de este pueblo que aun exige dignidad.
- Unión Patriótica y El Poder Popular, Nicolás Buenaventura
- Unión Patriótica, Tregua y Paz. Juvenal Herrera
De que vale la vida si cuando la tenemos parece muerta.
¡ La vida es para sentirla, para vibrar,
para luchar, para combatir!
eso justifica nuestro paso por la tierra
Jaime Pardo Leal. Primer candidato presidencial por la Unión Patriótica
asesinado el 12 de octubre de 1987.
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